Permisos sectoriales: un avance

Ayer ingresó al Congreso el esperado proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, en respuesta a la transversal preocupación que genera la pesada “permisología” en el desarrollo de proyectos de inversión. Se trata de abordar los 380 permisos no ambientales necesarios para aprobar proyectos, con el compromiso del Ejecutivo de simplificar los procesos, reducir los tiempos de tramitación y entregar más certezas a los inversionistas.

Chile es de los países con procesos regulatorios más complejos y engorrosos de la OCDE, lo que incide directamente en el emprendimiento, la productividad y, sobre todo, la inversión. Por lo demás, las mayores exigencias en tiempos de tramitación, número de permisos y mayor información necesaria para obtener los permisos han elevado fuertemente el costo de tramitar un proyecto de inversión en los últimos años, siendo ello una barrera infranqueable para algunos proyectos.

Parte importante de estas dificultades se da en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -tramitación sujeta a otro proyecto de ley recientemente presentado-, pero otro tanto radica en la demora y complejidad que conlleva la obtención de permisos sectoriales, que son los que aborda el proyecto ingresado ayer.

Los gremios sectoriales han valorado esta propuesta (sin conocer aún los detalles), al igual que todas las medidas que permiten agilizar los plazos de tramitación, como la posibilidad de reemplazar autorizaciones por declaraciones juradas del titular del proyecto, la creación de un órgano público que vele por el cumplimiento de las normas de tramitación y el establecimiento de una ventanilla única digital del Estado.

Preocupan, sin embargo, aspectos como: (i) que se deje de avanzar simultáneamente en la implementación de medidas administrativas y de gestión que apunten a abordar los desafíos identificados en la tramitación de permisos; (ii) que no se extienda el esfuerzo a la necesaria derogación, eliminación y profesionalización de los procesos, lo que no formó parte del trabajo realizado para este proyecto de ley; y (iii) que el Congreso tenga el necesario sentido de urgencia en su tramitación para reactivar la actividad económica del país y no se entrampe en intereses particulares que pudieran surgir de los casi 40 servicios involucrados.